En el año 2008 en Alemania se aprobó una ley en la que se obliga a las compañías de telefonía móvil a almacenar durante seis meses, todos los datos referentes a las comunicaciones telefónicas, correos electrónicos, navegación por Internet y de localización espacial de sus usuarios. La ley fue presentada con el objeto de perseguir posibles delitos y prevenir el accionar de los terroristas.
Dicha ley recibió un amplio rechazo por gran parte de los usuarios de servicios móviles, quienes se organizaron con el fin de denunciar su inconstitucionalidad presentando un recurso firmado por más de 35 mil personas.
Finalmente los jueces del tribunal sentenciaron que la ley viola flagrantemente el derecho al secreto de las telecomunicaciones, así como también el principio de la proporcionalidad.
Además señalaron que la seguridad en el almacenamiento de los datos de los usuarios es insuficiente, que el motivo por el cual los datos son almacenados no se concreta y que, finalmente, la ley no es suficientemente transparente. Por todo lo anterior los magistrados determinaron que los actuales datos que se encuentran almacenados, deben ser eliminados de forma inmediata.
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