Ahora que está fresco e inconcluso el destino de los Internautas con el tema de ACTA y cuando en México se pone en evidencia la ineficacia de un RENAUT que se supone estaría resguardada en manos de la Secretaría de Gobernación en México, aparece una nueva iniciativa que propone un impuesto del 8% a los aparatos electrónicos.
A finales de 2009 la aprobación de un Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) del 3% a las telecomunicaciones e Internet, tuvo una fuerte respuesta por parte de los mexicanos originando un movimiento en Twitter llamado #internetnecesario que ejercieron presión hasta el punto que el Congreso rechazó el impuesto. Ahora, el diputado federal Armando Báez Pinal propone [PDF] una especie de Canon Digital, un gravamen del 8% adicional al IVA a aparatos electrónicos – idóneos para almacenar, compactar, duplicar, reproducir, o copiar cualquier tipo de obra literaria o artística, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas, videogramas, producciones y/o transmisiones – para beneficio de los autores o en este caso las “sociedades de gestión colectiva”.
Está claro que esta iniciativa es para los fabricantes en territorio nacional o importadores de equipos y no para los ciudadanos, pero al final este incremento terminaría perjudicando al consumidor. Por esta razón un nuevo movimiento en Twitter bajo la etiqueta #canonmx rechaza totalmente la iniciativa, señalando a la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura A.C – fundada hace un año – como la instancia detrás de esta propuesta [ver video].
“13,000 millones de pesos son las pérdidas anuales de las industrias, cantidad que sólo representa el 10% de lo que se ganaría de no descargarse de manera ilegal en México; mientras que el Fisco pierde cerca de 2,000 millones de pesos al año. Y lo peor, es que con esta ilegalidad, el país está dejando de ser una potencia cultural”, dijo Roberto Cantoral Zucchi, Presidente de la CALC.
Recientemente esta Coalición que representa a la Sociedad de Autores y Compositores, la Asociación Productora de Fonogramas y la Sociedad General de Escritores entre muchas otras, recalcó que van tras los peses gordos y no los cibernautas.
Aún así, es inevitable que se compare con la SGAE en España o el impuestazo tecnológico en Argentina, que en el peor de los casos termina perjudicando a los consumidores, ya sea con costos elevados en electrónicos o persiguiendo a los usuarios bajo pretexto de un “canon compensatorio por copia privada”.
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